Por: Roxana Vivas
La Salud Sexual y Reproductiva (SSR) es un proceso que comienza desde la infancia y no termina, incluso en la vejez se encuentra presente, ya que busca garantizar una vida reproductiva sana y una sexualidad responsable. La problemática generada en Venezuela tiene una elevada incidencia en la falta de acceso a información sobre salud sexual y reproductiva, lo cual se manifiesta en varias dimensiones:
- Desinformación: Muchas personas carecen de conocimientos básicos sobre temas como métodos anticonceptivos, prevención de infecciones de transmisión sexual (ITS), y derechos reproductivos. Esto se traduce en un aumento de embarazos no deseados y la propagación de ITS. Así lo comenta también Kika Martorell:
“Al no tener información, no se puede prevenir ni atender adecuadamente todo lo que tiene que ver con la salud sexual y reproductiva. Al no haber educación sexual integral, esto puede incrementar los embarazos no deseados, una sexualidad basada en la desinformación y tabúes, incluso la violencia porque hay pocas probabilidades de que se identifique la violencia de pareja, por lo que no se podría detener y se puede caer en una espiral de violencia más profunda, hasta llegar al femicidio”.
- Limitaciones en la educación sexual: La educación sexual integral (ESI) es escasa en las escuelas y comunidades. Esto contribuye a la perpetuación de mitos y tabúes que rodean la sexualidad, lo que dificulta que los jóvenes tomen decisiones informadas. En esta situación, las organizaciones de la sociedad civil han generado esfuerzos para la inclusión de una ESI que permita generar juventudes con decisiones informadas en la SSR, sin embargo esto no ha sido una prioridad en Venezuela y por el contrario, las problemáticas identificadas solo enuncian la perpetuación del patriarcado desde la actividad estatal.
- Acceso restringido a servicios de salud: Esta dimensión implica una doble perspectiva: (i) Por una parte la escasez de clínicas con recursos y profesionales de la salud capacitados limita el acceso a servicios esenciales, como consejería sobre planificación familiar y atención prenatal. Para el 2024 más de 42 mil profesionales sanitarios habían abandonado el país (Audiencia CIDH, 2024); y (ii) por la otra parte, se relaciona con los altos costos para el acceso a servicios de salud especializados, cuando el salario mínimo equivale a aproximadamente $2.19, y el método anticonceptivo más económico dentro del mercado puede llegar a costar $2.31. Esto es particularmente grave en áreas rurales y comunidades marginadas.
- Estigmatización y discriminación: Las personas que buscan información o servicios relacionados con la salud sexual pueden enfrentar estigmatización, especialmente aquellos que pertenecen a grupos marginalizados. Esto puede disuadir a las personas de buscar ayuda o información.
- Impacto de la crisis humanitaria: La crisis económica e institucional ha dejado a muchas personas sin acceso a servicios básicos en el país, lo que ha generado una migración masiva de personas desde Venezuela hacia otros países. Aquellos que se quedan enfrentan un sistema de salud colapsado, donde la información sobre salud sexual y reproductiva es aún más difícil de obtener y es poco confiable, tal como lo ha señalado la propia CIDH.
La realidad de las mujeres y personas gestantes venezolanas no son atendidas suficientemente
A pesar de las acciones positivas realizadas por el Estado venezolano (programas educativos y políticas públicas), la falta de acceso a una información confiable, oportuna y veraz sobre la SSR impide la preparación social y cultural en el acceso igualitario a los DSDR, así como la falta de aplicación de leyes o políticas públicas nuevas o que ya existen que permitan un desarrollo amplio de servicios de atención o cápsulas informativas de SSR.
En este sentido, la falta de información en SSR además de afectar a las comunidades (usuarios o usuarias) que quieren o necesitan acceder a esta información, la falta de datos compilados, actualizados y disgregado por grupos afectados de parte del Estado venezolano, es decir, datos oficiales, impiden la generación de estudios especializados en identificar las problemáticas vinculadas al ejercicio de los derechos derivados de la SSR y de soluciones a nivel estadal para generar un espacio seguro y accesible a tomar decisiones informadas.
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