Por: Roxana Vivas
A pesar de todas las regulaciones con las que Venezuela cuenta, existe un contexto o una realidad que junto con la emisividad del Estado para actuar de manera oportuna ha repercutido en la falta de implementación de programas educativos o normativas para generar servicios y acceso a información segura y basada en evidencia sobre salud sexual y reproductiva (SSR), especialmente para poblaciones vulnerables como adolescentes, mujeres y personas LGBTQ+.
Una realidad es que, el Estado venezolano ha desarrollado programas para el fortalecimiento de la SSR en la educación como; las “orientaciones pedagógicas para la Educación Integral de la Sexualidad en el subsistema de Educación Básica” aplicado por el Ministerio del Poder Popular para la Educación con apoyo del UNFPA , que son positivos para afrontar esta situación; o en políticas públicas, el Plan Nacional para la Protección de Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos de las Mujeres (2014-2019) que brinda un paso importante hacia la toma de decisiones autónomas en el cuerpo de las mujeres y personas de la diversidad así como información valiosa para entender la SSR.
Al final encontramos que estos programas o políticas no son suficientes, porque comparado con los años 70-80 donde apenas se conversaban sobre las políticas de salud sexual reproductiva que promovían la integración de las mujeres al desarrollo sin tomar en cuenta las relaciones de poder existentes, la posición ocupada en la estructura económica, las relaciones de género y la articulación de los roles productivos y reproductivos en el acceso a los recursos, o donde no se promovía de ninguna forma la educación sexual y reproductiva porque en el país no existía la apertura para incluir dicha educación o no se ofrecía la atención diferenciada.
En la actualidad sí contamos con información a través de los diferentes programas y políticas desarrolladas, pero a pesar de ello, vemos que los siguientes datos reflejan una realidad que carecen de esa educación de calidad y aplicación de regulación normativa existente en la materia
- Entre el 2000 y el 2018, la mortalidad infantil en Venezuela pasó de 19.4 a 18.28
por 1000 nacidos vivos, lo cual implicó un aumento de 5.7%. - En 2020, la razón de mortalidad materna se estimó en 259.2 por cada 100 000
nacidos vivos, lo que representó un incremento de 180.5% comparado con el valor
estimado para el 2000. - En 2022, la Red de Mujeres Constructoras de la Paz señaló en un estudio realizado en 12 estados que sólo 26,6 % de las mujeres usa anticonceptivos y 71 % no lo hace por escasez, bajos ingresos o falta de educación sexual. Además, indica que el 40 de las jóvenes de 18 a 24 años de edad no puede cuidarse y planificar su reproducción. Esas deficiencias se gestan desde antes debido a la falta de formación y educación en el tema.
- El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en el año 2022 señaló que Venezuela duplicó el promedio de tasa de embarazo adolescente en Latinoamérica con una tasa de 96 casos por cada 1.000 mujeres de entre 15 y 19 años de edad. Siendo la tasa de embarazo adolescente más alta de Sudamérica y con una escasez significativa de anticonceptivos.
- Desde la perspectiva legislativa, la Asamblea Nacional (AN) no ha legislado en el área, a pesar de que en 2014 y 2022 se promovieron propuestas de leyes para garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las personas en Venezuela.
- A pesar de que el Ministerio del Poder Popular para la Salud busca garantizar planes preventivos de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) (2024) Siguen siendo muy comunes las ITS como: herpes genital, clamidia, gonorrea, sífilis, virus de papiloma humano y virus de la inmunodeficiencia humana , demostrando que es necesario mayor educación en SSR y en la promoción de métodos anticonceptivos.
- De acuerdo con un estudio de la Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa (AVESA), en el 2023 el 63% de las mujeres, adolescentes y niñas entre 10 y 49 años no tiene acceso a servicios de SSR y el 75% se encuentran en pobreza extrema.
- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha reiterado su preocupación por las denuncias sobre la falta de acceso a servicios de salud sexual y reproductiva en Venezuela, lo cual impacta de forma desproporcionada en las mujeres y personas gestantes de todas las edades, haciendo un llamado a garantizar el acceso a servicios de SSR, incluyendo educación y métodos anticonceptivos .
Estos datos que son de carácter extraoficial, nos permiten comprender la problemática generalizada alrededor de la SSR en Venezuela.
Esta data ha sido generada como una alternativa propuesta por los distintos actores de la sociedad civil, frente a la falta de información oficial recopilada, publicada y oportuna por parte del Estado pues la última data oficial con relación indirecta en el tema, como lo son los femicidios es del año 2019. Es importante resaltar que la falta de acceso a datos oficiales, y no disgregados en los grupos que se han visto históricamente afectados como lo son las mujeres, población LGBTIQ+, entre otros, sobre SSR llevan a incrementar la desigualdad social y agravar su situación, aparejando nuevas barreras en el acceso pleno a sus derechos.
